El Despropósito del Delirante se despide hasta el mes de julio

18 May

Posiblemente no habrá más actualizaciones de El Despropósito del Delirante hasta el mes de julio. Disculpad las molestias.

-quevequelee-

El Despropósito del Delirante: Filmación sin consentimiento en beneficio de la información

8 May

Hoy en día, los periodistas cada vez cuentan con más herramientas para la realización de su trabajo… Grabadoras, micrófonos y  cámaras de vídeo son tres de los objetos más característicos en el desempeño de la profesión. Los avances tecnológicos han permitido a lo largo de los años que esas herramientas evolucionen en cuanto a la calidad, las prestaciones e incluso al tamaño. De hecho, los avances facilitan el denominado “periodismo de investigación” en el que el uso de cámaras ocultas y micrófonos microscópicos está muy extendido pero El Despropósito del Delirante se pregunta: ¿Dónde está el límite?

 “El fin justifica los medios” es una afirmación que representa al maquiavelismo y que cada vez se aplica más al método de trabajo que caracteriza a numerosos medios de comunicación. A nivel moral la conocida frase es muy discutible ya que valida  que los gobernantes y otros poderes estén por encima de la ética y de la moral dominante para conseguir sus objetivos. A nivel legal, el debate puede adquirir mayores dimensiones…

La sentencia del Tribunal Supremo 1233/2008 sobre las grabaciones ilegales es la prueba de que existe jurisprudencia  que contempla el uso de determinadas herramientas periodísticas, así como los efectos que su utilización y posterior difusión tiene sobre los derechos de la personalidad.

El supuesto de hecho sobre el que se pronuncia la Sentencia que fue hecha pública en el año 2009 es el siguiente: Una periodista acudió a la consulta de una naturópata y se hizo pasar por una paciente que padecía una enfermedad. La reportera llevaba consigo una cámara oculta con la que grabó a la curandera en la consulta sin su consentimiento. Al emitirse la grabación en un programa de la Televisión Autonómica Valenciana se despertó el debate y la persona filmada recibió críticas que dañaron irreparablemente su imagen. Cuando el caso llegó a los tribunales, el T.S. condenó a Canal Mundo Producciones Audiovisuales, a la Televisión Autonómica Valenciana (Canal 9), al director del programa donde se emitió el reportaje, y a la reportera encargada de hacer la grabación, a pagar 30.050.61€ en contra de las dos sentencias inferiores que anteriormente habían desestimado las pretensiones de la curandera.

En la Sentencia objeto de este comentario, el Tribunal enfrenta el derecho a la información (Art. 20.1 d) CE) con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE) de la naturópata, buscando el equilibrio entre ellos. Uno de los principales axiomas que se deben tener en cuenta para comprender la decisión del magistrado, es que cuando se produce un conflicto de estas características la primera cuestión a resolver consiste en averiguar qué derecho merece una mayor protección en base a unas técnicas de ponderación y proporcionalidad. En este caso, es relativamente complicado establecer le preferencia…

En primer lugar, conviene puntualizar que el T.S. rechazó la idea acogida en las instancias inferiores de que el reportaje realizado a la naturópata había sido “neutral”, porque fue el propio medio el que provocó la noticia.  Además, no se puede considerar que la persona filmada diera su consentimiento a la grabación por el mero hecho de permitir el acceso a la consulta de una periodista que se había hecho pasar por una persona enferma, (lo cual se traduce en un claro engaño).

En la ponderación el Tribunal llega a la conclusión de que aunque el reportaje tiene un interés general (concretamente el de informar sobre la práctica sin titulación de una actividad médica), y un contenido veraz, no justifica que el derecho a la intimidad de la curandera sea sacrificado. Personalmente, creo que la verdad podría haber salido a la luz como hecho de relevancia informativa sin que la supuesta profesional de la comunicación recurriese a técnicas deshonestas.

            Finalmente, sobre el asunto de las grabaciones ilegales, el T.S. consideró conculcados el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la persona que había sido grabada sin permiso. Aún así, el juez también afirmó que el honor de la mujer no se había visto dañado por las críticas vertidas en el programa donde se emitió el reportaje, pues “aunque afecten a la reputación de la demandante, no son impertinentes ni innecesarias para la exposición de una crítica plenamente tolerable que, a mayor abundamiento, resultaba socialmente útil”. Ante esta resolución, quedan por primera vez establecidos los límites del periodismo de investigación que, como recoge el Art. 20 1. d) de la Constitución, es totalmente legítimo siempre y cuando el ejercicio del mismo no vulnere ningún derecho fundamental.

            Habrá muchas personas que consideren que merece la pena utilizar cámaras ocultas si con ello se consiguen extraer datos de relevancia, datos que resulten de interés para la ciudadanía… En opinión de El Despropósito del Delirante, depende de las posibilidades que existan en cada ocasión de que la información que se va a obtener supone un logro de cara a la sociedad. El interés informativo no siempre es suficiente para legitimar la cámara oculta. Es en este punto donde en ocasiones le toca decidir a la Justicia… Mientras tanto, las noticias siguen ocurriendo y los periodistas informando.

 El debate está servido…

El Despropósito del Delirante: Las opiniones son libres, las hipotecas sagradas

26 Abr

Esta semana hemos recibido una noticia jurídica que, una vez más, originará cierta polémica en El Despropósito del Delirante.

El Tribunal Supremo ha establecido que el pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos cónyuges para adquirir la vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio, por lo que en caso de divorcio  éstos deberán abonar la cuantía monetaria a partes iguales.

Se ha acordado fijar doctrina en este campo porque existe al respecto jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. En concreto, en esta resolución, el Supremo ha estimado el recurso de un hombre contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que teniendo en cuenta los ingresos de cada uno de los progenitores acordó que el padre debía costear el 80% de los gastos.

El tema, sin duda, es complicado… Las opiniones son libres, los hechos (y las hipotecas), sagradas. En cualquier caso, sólo queda añadir que en El Despropósito del Delirante lo que interesa son vuestras conclusiones.

EL DEBATE ESTÁ SERVIDO.

El Despropósito del Delirante: En contacto con la dignidad

14 Abr

No podemos encontrarlos en el diario Público, ni en La Razón o La Gaceta. Se trata de tres periódicos de tirada nacional que marcan la excepción a la regla. Y la regla, en este caso, podría resumirse así: “No rechazarás los 15000 euros diarios procedentes de la publicación de anuncios de contactos”. En total, un beneficio  de 40 millones de euros al año para que los mandamases de la prensa obvien ciertos principios morales, así como la invitación que hace el Gobierno a eliminar el más morboso tipo de publicidad.


La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), siempre ha rechazado de la forma más tajante los anuncios de prostitución. Por eso no sorprende que el último informe del Consejo de Estado, que ha determinado que hay que vetar este tipo de publicidad en prensa a través de una ley específica, se haya visto firmemente respaldado por este colectivo. “Se necesitan altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad, conciliando la libertad de expresión de los anunciantes y la libertad de publicidad de las empresas”, dijeron a este respecto varios miembros de la FAPE en la llamada Declaración de Madrid de 2010. Los más importantes editores, sin embargo, no dan el paso.

Por su parte, el colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, Hetaira, se muestra disconforme con la opinión del Consejo de Estado y considera sus argumentos “absolutamente vagos, inconcretos e ideologizados”. Además, critica la creencia de que los anuncios objeto de debate puedan proteger actividades de proxenetas, argumentando que la mayoría de ellos no son publicados por mafias organizadas y que, aunque así fuera, el Código Penal ya prevé ese delito. Quizá tenga razón, pero cuando el Consejo argumenta que los anuncios de contactos “son expresivos del rol de las mujeres como mera mercancía”, y Hetairá asegura que con esa afirmación se está “insultando” a los trabajadores del sexo que ejercen por decisión propia, tengo que mostrarme en desacuerdo. La prostitución sí que es una forma abreviada de hacer alusión a la venta del propio cuerpo, de mercadear con todo lo tangible en el terreno sexual. La persona que toma libremente la decisión de prostituirse puede imaginarse mínimamente lo que eso conlleva, y sentirse insultada sólo significa que ese ser necesita creer que su trabajo es tan normal como ejercer un cargo de limpiador/a, maestro/a o administrativo… Sin embargo, lo cierto es que no lo es, en ningún caso podría serlo. Si lo fuera estaríamos hablando de un verdadero atentado contra la dignidad de hombres y mujeres, de una humanidad que no se respetaría lo suficiente como para contemplar la prostitución como un último recurso u opción de supervivencia.

Si observamos los anuncios de contactos como lo que son, una publicación publicitaria excepcional, enfocada a un tipo de cliente muy determinado y con el consentimiento de quien ofrece sus servicios desde una individualidad bien definida, tal vez podamos responder a ciertas preguntas. Yo parto de una opinión muy concreta: Publicitar los servicios de “señoritas de compañía” puede ofender a la vista de ciertos sectores de la población, pero no significa que rompa con la dignidad de la raza humana. Lo que verdaderamente atenta contra la ética y el derecho, contra toda lógica, no es la sección de contactos, sino la actividad de las mafias que fuerzan a jóvenes de distintos países a prostituirse como mecanismo de protección… Ese es el más claro ejemplo de atentando contra la dignidad.

Por otra parte, hay quien se plantea como interrogante si prohibir los anuncios eróticos coarta la libertad de expresión. El debate surge porque no son muchas las personas que confían en la autorregulación de los medios de comunicación, y temen que la gran difusión de la prensa escrita generalista normalice este tipo de publicidad. De hecho, las leyes de protección de menores exigen la prohibición de la sección de contactos por este motivo, argumentando que la prensa escrita generalista tiene una gran difusión en la sociedad en general, que no restringe la lectura a los mayores de edad (como por otra parte es lógico). Sin embargo, el peligro no está en las páginas de los diarios, sino en Internet, el pasatiempo favorito de los adolescentes. En la Red el control total es imposible y ante esta evidencia, parece que una criba de los medios de difusión resultaría absurda.

La libertad de expresión  es un derecho fundamental señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que se deriva la libertad de prensa. Y por prensa, se entiende el ejercicio por el que se comunica de la forma más objetiva posible información sobre un asunto relevante… En este contexto parece increíble que los directores de los diarios permitan la publicación de anuncios explícitamente sexuales.”Si los poderes públicos consideran que la prostitución es una actividad delictiva o perjudicial para la salud, cabría exigirles que prohíban el ejercicio de la misma. Si no está prohibida ¿por qué ha de vetarse su publicidad?”, se preguntan en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

Según la Ley General de Publicidad, son ilegales los anuncios que presentan a la mujer de manera vejatoria o utilizando su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto que se promociona. Sin embargo, en esta normativa se excluyen los anuncios de contactos… Las incongruencias están a la orden del día. ¿A qué conclusión deberíamos llegar entonces? En mi opinión, desvincular el ejercicio periodístico de la publicidad que promueve la venta del cuerpo es algo simplemente recomendable, nada más. Los anuncios publicados por quienes ejercen voluntariamente la prostitución no atentan contra la dignidad del ser humano ya que ésta, por ser un derecho fundamental, debe ser interpretada en un sentido amplio. Aún así, hablar de si las prohibiciones en este terreno atentarían contra la libertad de expresión es bastante más complejo… Tal vez la respuesta sea “sí”, pero suena demasiado tajante para pronunciarse sin tener, una vez más, la ley en la mano.

Una vez más, en El Despropósito del DeliranteEl debate está servido

El Despropósito del Delirante: Las apariencias importan, la veracidad obliga

4 Abr

Esta semana debemos remontarnos al año 1990 para conocer una antigua sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia en la que se recoge la denegación de amparo al periodista deportivo José María García (locutor de Antena 3 Radio), en el caso “José Luís Roca”. Los fundamentos jurídicos en cuestión resultan sumamente interesantes puesto que, tiempo después, una polémica resolución contra Federico Jiménez Losantos volvería a poner de manifiesto su contenido.

De forma muy resumida, podríamos explicar el final de esta historia diciendo que el Constitucional confirmó la pena de 2 meses de cárcel contra García por haber llamado “Pedruquito-catarata-roca” al presidente de la Federación Española de Fútbol y diputado del PP en las Cortes de Aragón, José Luis Roca, aunque el Gobierno de Felipe González le indultase poco después. Esta, por supuesto, sería la forma más abreviada de dar a conocer un asunto bastante más complejo de lo que parece…

El origen de la sentencia condenatoria presentada por el ministerio fiscal contra el periodista radicaba en las declaraciones que éste hizo en Antena 3 hace dos décadas. En un programa televisivo en el que participaba, el demandado informó de que José Luís Roca percibía de las Cortes de Aragón ciertas dietas por unos viajes desde Alcoriza (Teruel) hasta Zaragoza, que jamás llegaron a producirse. Sin duda, las declaraciones eran bastante comprometidas y, sin embargo, nadie dudó de su veracidad. ¿Dónde estaba entonces el error periodístico?

“Me condenan por informar de hechos absolutamente probados e incluso confirmados por las propias Cortes de Aragón” dijo José María García en una entrevista publicada por ABC en julio de 1990. Y sí, es cierto que los datos informativos eran veraces, contrastados e incluso corroborados por distintos documentos (así lo reconocieron los propios tribunales), pero la afirmación publicada por el diario español es una clara muestra de demagogia. Un juez no condena a una persona por decir la verdad, sino por la forma en que decide comunicarla. Así, las expresiones concretas empleadas por el periodista, que fueron calificadas por el ministerio fiscal de afirmaciones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias, perjudican el recto ejercicio de la libertad informativa.

Cuando hablamos de “hechos” presentados en los medios de comunicación, la veracidad es el requisito del que más parece preocuparse el público y, sin embargo, no es el único. La relevancia pública, el que sean profesionales quienes difundan la información, y la forma en que se produce esa difusión son exigencias igual de importantes. En el caso del que hablamos, es la mencionada forma lo incorrecto ya que se vulneró la prohibición objetiva de insulto. Y es que resulta innegable que las afirmaciones de José María García vejaban y menospreciaban a José Luis Roca como persona investida de autoridad. De esta forma se protege la dignidad de la función pública de diputado y de la institución de las Cortes de Aragón.

En resumen (y en opinión de El Despropósito del Delirante), las  expresiones de J.M. García sobre el que fuera presidente de la Federación española de fútbol fueron tan inoportunas como innecesarias. Es ridículo hablar de información verídica y contrastada cuando quien la ofrece se permite ciertas salidas de tono, realizadas con intención de atentar contra el honor de una persona. Y es que conviene recordar que respeto y veracidad deben ir siempre dadas de la mano en el ámbito periodístico. En este caso las apariencias (la mencionada forma y la prohibición objetiva de insulto), no sólo importan, obligan…

El Despropósito del Delirante: Sumaríssim 477

16 Mar

Esta semana la publicación del comentario crítico que he elaborado en base a la sentencia del conocido caso “Sumaríssim 477”,  no es lo que más importa que conozcáis. Lo que verdaderamente interesa en El Despropósito del Delirante es vuestra opinión sobre la postura que una alumna de 4º de periodismo manifestó durante la clase de derecho en la que se trató la misma información que ahora os ofrezco:

“La sentencia del caso “Sumaríssim 477” es una de las más famosas sobre la libertad de expresión en el ámbito de la memoria social, historiográfica y mediática de la Transición española. Si en base a esto realizamos un ejercicio de síntesis lo más prudente es comenzar reflexionando sobre el trato que nuestra historia ha recibido por parte de los medios de comunicación de masas a lo largo del tiempo, sobre los intentos realizados para construir una memoria social y sobre la implicación de este hecho en el ámbito de las libertades democráticas (libertad de expresión, libertad de cátedra y libertad científica) contempladas en la Constitución española de 1978.

Al hablar de la sentencia en cuestión debemos tratar en primer lugar la dificultad que se les plantea a los periodistas a la hora de alterar la visión clásica sobre la Transición, la visión que  los productos audiovisuales  y las narrativas de los más importantes periódicos han difundido y, por tanto, popularizado. Esta dificultad remite directamente a las relaciones entre la libertad de expresión, conquistada durante el proceso de democratización, y las relaciones de ésta con la historiografía a nivel tanto mediático como académico. El ejemplo perfecto lo encontramos precisamente en el caso que nos ocupa: El documental  “Sumaríssim 477”, emitido por TV3 (primer canal de la televisión pública catalana), en  diciembre de 1994.

El documental narraba y contextualizaba la vida y la muerte de Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de  Unió Democràtica de Catalunya, que fue fusilado en Burgos en el año 1937 tras ser sometido a un juicio sumarísimo.

El trabajo “Sumaríssim 477”, cuyo guión y dirección corrían  a cargo de la periodista e historiadora Maria Dolors Carrasco, finalizaba con la simulación del Consejo de Guerra en el que el político catalanista fue condenado a la pena capital por un “delito de adhesión a la rebelión militar”. Además, en el producto ofrecido por TV3 se hacía referencia a la participación en el Consejo de Guerra de varios testigos, por lo que se leyeron extractos de sus declaraciones y se ofrecieron datos sobre ellos como la ocupación que todos realizaron de cargos relevantes en la Administración y la prensa franquista después de1940.

Los hijos del testigo Carlos Trias Bertrán, fallecido en 1969, se querellaron contra el reportaje, contra la directora del mismo y contra la entidad que lo produjo y emitió, al entender que en el producto audiovisual se atentaba contra el honor de su padre puesto que se afirmaba que su intervención en el juicio sumarísimo había sido voluntaria y que en ella no se habían producido muestras de compasión.

El 2 de abril de 1998 la Audiencia Provincial de Barcelona daba la razón a los querellantes, aceptando la demanda por vulneración del honor. Sin embargo,  la sentencia fue inmediatamente apelada y pasó al Tribunal Supremo, que revocó la decisión. De este modo los familiares del testigo acordaron presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados iniciaron un auténtico debate en el que el derecho a la libertad científica, a la libertad de información, a la libertad de expresión y al honor fueron los principales argumentos.

Finalmente, el Tribunal Constitucional desestimó en marzo de 2004 el recurso de amparo presentado por la familia Trias, dando así la razón a la cadena TV3 y a los responsables de “Sumaríssim 477”… Pero no sin ciertas complicaciones. El fallo no se produjo por unanimidad ya que recibió el voto particular discrepante del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, al que se unió el del magistrado Roberto García-Calvo.

Los razonamientos legales de ambas partes dentro del Tribunal Constitucional son respetables. En el debate jurídico se contemplaron, por supuesto, las quejas de los demandantes, quienes afirmaban que el reportaje falseaba los hechos al hacer creer que la condena se basó principalmente en el testimonio de los testigos, y no en los documentos que portaba Carrasco i Formiguera en el momento de su detención. Los hijos de Trias Bertrán negaban además que su padre hubiese sido testigo de cargo. Por su parte, los representantes de TV3 se defendieron aduciendo que el documental estaba debidamente acreditado en los autos del Consejo de  Guerra, y que por tanto constituía una información veraz sobre un asunto de relevancia pública.

Los cuatro magistrados que desestimaron el recurso de amparo y que formaban mayoría, expusieron que, como ya había dicho el Tribunal Supremo, la discusión no debía versar  sobre cuáles eran los hechos acreditados, sino sobre la interpretación que a unos y a otros les merecía la forma de relatarlos en el reportaje. Por ello pedían que el debate, que en un primer momento se había centrado en el conflicto entre las libertades de expresión y de información y el derecho al honor, debía ser ampliado para estudiar también como elemento del mismo la libertad científica del historiador debido a la condición de historiadora de la guionista y directora del documental.

Sobre la libertad científica del historiador los togados señalaron que los juicios de valor sobre hechos históricos son tan inevitables como necesarios, sin perjuicio de la dificultad que alcance el conseguir una valoración unánime. Y es que para que los contemporáneos tengamos la posibilidad de formarnos nuestra propia visión del mundo debe existir una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada.

Para los magistrados que formaban la mayoría en la sentencia en cuestión, no se trataba de comprobar al detalle si hubo algún error conceptual en la calificación o la descripción técnica del Consejo de Guerra del año 1937, ya que un juicio sumarísimo no tiene garantías procesales (como podemos sobreentender tras la lectura del artículo 55 de la Constitución). Se trataba, simplemente, de observar si hubo o no voluntad por parte de los responsables del programa de lesionar el honor de una persona al tiempo que se narraban con verosimilitud los hechos.

Para el Tribunal Constitucional, o al menos para la mayoría de sus miembros, el derecho a la libertad científica prima sobre el derecho al honor. Esa libertad se beneficia además, de forma constitucional, de una protección tan grande como la que opera para las libertades de expresión e información (artículo 20 de la Constitución), que se refieren a hechos actuales protagonizados por personas del presente.

Una investigación histórica es siempre, casi por definición, polémica, subjetiva y discutible, sobre todo si partimos de esta afirmación: “Se asienta sobre aseveraciones y juicios de valor que son imposibles de compartir por la totalidad de la población”, o dicho desde un punto de vista más positivo: Si se respeta la formación de distintas conciencias históricas significará que hemos alcanzado el punto álgido de una sociedad libre y democrática.

En definitiva, la libertad científica comporta una participación subjetiva de quienes la ponen en práctica, tanto en la manera de interpretar sus fuentes como en la elección del modo de hacerlo. Se le debe exigir veracidad, es cierto, pero sin imponer nunca criterios dogmáticos.”

(Raquel Quevedo)

El pensamiento que mi compañera de clase compartió con el resto de alumnos suscitando la discusión hacía referencia a su firme convicción sobre la necesidad de defender todas aquellas películas, novelas u otros soportes de argumentos de ficción, aunque utilicen sin dudar el nombre de personas reales (vivas o recientemente fallecidas). “No deben ponerse límites a la libertad creativa” dijo. En esos momentos yo, simplemente, me pregunté al imaginar  el  nombre de mi familia impreso en las páginas de un Best Seller truculento ¿Dónde quedaría entonces nuestro derecho al honor?

Libertad creativa VS Honor

En El Despropósito  del Delirante: El debate está servido

El Despropósito del Delirante: ¿Veracidad o voracidad?

6 Mar

El extenso refranero español, reflejo de las voces de nuestra cultura más popular, recoge un mítico dicho que aúna inocencia y veracidad: “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”. Si nos tomamos al pie de la letra esta expresión podemos entender que en el resto de los casos la humanidad tiende a la mentira con cierta facilidad. Tal vez por eso el trabajo periodístico y, más aún, el trabajo periodístico de investigación, cotiza muy alto en el mercado de la comunicación… Tanto que en ocasiones la obtención de una información es situada en lo alto de cualquier pirámide de prioridades por encima de derechos inescindibles. Normal. La práctica totalidad de los códigos deontológicos de los medios informativos proponen la verdad como objetivo supremo del buen informador y, en este punto, se abre la veda.

Confesión de Isabel García

La entrevista que esta semana “El programa de Ana Rosa” ha realizado en directo a la mujer de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha escandalizado a la sociedad. Isabel García, la entrevistada, hasta ese momento había defendido la inocencia de su marido ante policías, jueces y medios de comunicación. La presión de un equipo de televisión, su discapacidad psíquica y una evidente crisis de ansiedad ante los métodos empleados por la reportera encargada del trabajo, cambiaron finalmente sus respuestas.  “Sí fue él, fue mi marido”, terminó diciendo García al borde del desmayo. Tristemente, el inenarrable procedimiento utilizado por los colaboradores de Ana Rosa Quintana sólo sirvió para que ésta se apuntase un más que dudoso tanto periodístico… Una confesión obtenida ilegalmente bajo presión o coacción no puede ser considerada prueba concluyente en un juicio.

El artículo 172.1 de la ley Orgánica 10/1995 que recoge el Código Penal, versa sobre el castigo a aquellos que, sin estar legítimamente autorizados, compelen a otro a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Posiblemente la mujer de Del Valle consintió en un primer momento la batería de preguntas que derivó en un bombardeo de interrogantes trampa, sin embargo, habría que plantearse hasta qué punto una persona con un cociente intelectual de 47 es plenamente consciente de lo que supone prestarse a un juicio mediático, hasta qué punto aprovecharse de las deficiencias de un ser humano para sustraerle una información de cara al público es permisible…

Hoy en día aún quedan teóricos de la información que hablan de “Formas de conducta personal y social revolucionaria” como aquellas que son asumidas por los medios de comunicación más agresivos invocando la libertad de expresión y el derecho de información, o la presunta autonomía moral de la actividad artística. Es a lo que, hablando en plata, se le llama “Mezclar churras con merinas”, lo que sin duda concede a Telecinco una reputación bobina.

Contrariamente a lo que pueda parecer, la libertad de información es una noción opuesta a la libertad de expresión. La primera de ellas consiste en difundir algo conocido, veraz y seguro. La segunda, en presentar públicamente una visión personal de los hechos, un punto de vista, algo subjetivo. Una vez aclarado este punto utilizamos la lógica para seleccionar la libertad de información como el objetivo más deseable para cualquier medio de comunicación, también en el caso del Programa de Ana Rosa (cuota de pantalla aparte).  Pese a todo, el riesgo de manipulación en prensa, radio y televisión es muy alto, lo suficiente como para que la sociedad confíe en que la ética informativa se imponga como límite. Santa inocencia…

En el momento en el que los periodistas no son capaces de de dotarse de unos principios críticos respetables, en el momento en el que la deontología del periodismo no es suficiente, las leyes penales compensan los vacíos éticos. Es entonces cuando la objetividad informativa se resiente y comienzan los problemas que homologan todo tipo de falacias.

“Lo que allí pasa es de interés, y por ello tiene que quedar registrado”. Así hablaba Patricia Pardo, la reportera que entrevistó a la esposa de Santiago del Valle, ante la publicación que el diario El Mundo ha hecho de un vergonzoso vídeo que contiene el “off the record” de la confesión, es decir, de lo que ocurrió tras el directo. En él aparece Isabel García sentada en el suelo, necesitada de atención médica y rogando que no le graben. Pardo no sólo no cede a sus peticiones, sino que le impide dar su ubicación a una conocida de la mujer con la que intenta hablar por teléfono. Aún ofrece más información sobre ésto el periódico de Pedro J. Se asegura que “miembros de la productora Cuarzo han acompañado a Isabel García día y noche durante los últimos días. Desayunos, comidas y cenas junto a ella para evitar que pudiera aparecer en el plató de otra cadena”. Sobran las palabras, o faltan… Indescriptible.

En estos tiempos y, sobre todo a raíz del caso planteado, es cuando a los medios de comunicación, a la sociedad en general, les conviene recordar el artículo 10.1 de la Constitución española, ése que habla de algo llamado “dignidad”. Una dignidad de la que se olvidó en el tratamiento a la entrevistada el periodista Nacho Abad, colaborador del programa de Quintana, con sus múltiples “mentirosa” y su rotundo  “tu familia no te quiere ni quiere saber nada de ti , tus vecinos no te soportan y te vas a quedar sola”. Hablamos, por cierto, del mismo profesional que poco después acompañó a la mujer del presunto asesino de Mari Luz a declarar a comisaría. Sin duda fue un trabajo redondo.

El morbo y la exclusiva, una vez más, han prevalecido por encima de la salud e intimidad de una persona que estaba en clara desventaja. Objetivo cumplido. Con un método ruin se ha conseguido una información más que reveladora y, si el fin justifica los medios, Maquiavelo estará dando saltos allá donde quiera que repose su alma. A mí, lamentablemente, tendrán que disculparme, pues no me quito el sombrero ni acepto llamar a la voracidad de la veracidad “periodismo”. Si alguien no está de acuerdo puede preguntar a un borracho o, si lo prefieren, a un niño. Ellos siempre dicen la verdad…

-Raquel Quevedo-